Megaproyectos, militarización y control socio-territorial en la zona transfronteriza México-Guatemala. Articulo de GeoComunes

Megaproyectos, militarización y control socio-territorial en la zona transfronteriza México-Guatemala
La frontera sur de México constituye una zona estratégica por ser un corredor de tránsito entre Centroamérica y Norteamérica, tanto para mercancías como para migrantes. Por esta razón la región es considerada por distintos planes de desarrollo neoliberales, como el Plan Puebla Panamá, ahora Proyecto Mesoamérica, y más recientemente, las Zonas Económicas Especiales (ZEE).
El control económico de la región se complementa con planes de control de la población como el Plan Frontera Sur, diseñado para gestionar el tránsito de migrantes en su ruta hacia Estados Unidos y combatir al narcotráfico con base en apoyos económicos, de armamento, capacitación y, sobre todo, la presencia de distintas fuerzas de seguridad (ejercito, marina, policía federal y estatal, gendarmería), las cuales facilitan el completo control sobre esta zona estratégica.

Mapa 1
Control social y territorial
El despliegue de fuerzas de seguridad justificado por el control de los flujos migratorios y la lucha contra el narcotráfico, parece también responder a una necesidad de asegurar un control social y territorial en la zona. Este dominio socio-territorial sirve para llevar a cabo ciertos proyectos extractivistas y de infraestructura que generan procesos de resistencia por parte de la población local (proyectos mineros, hidroeléctricos, de autopistas, de extracción de hidrocarburos).
Se puede citar como ejemplos las bases militares existentes cerca de Chicomuselo donde se quiere llevar a cabo proyectos mineros que generaron un conflicto amplio con la población (el activista Mariano Abarca fue asesinado en 2009 por la empresa canadiense Blackfire), o las bases existentes en el istmo de Tehuantepec donde se están desarrollando varios megaproyectos (parque eólicos, proyectos mineros, presas, gasoductos). El ejemplo más reciente es la creación de la gendarmería ambiental en la Reserva de la Biósfera Montes Azules, que posee una connotación contrainsurgente y aparece como la prolongación de la estrategia de guerra de baja intensidad desarrollada a partir del levantamiento zapatista en 1994. Pero además, facilita el desarrollo de proyectos del capitalismo verde, como cultivos de palma africana, hidroeléctricas y proyectos ecoturísticos.
Desarrollo de corredores multimodales de flujos múltiples y de las ZEE
En el MAPA 1 se aprecian también diferentes corredores multimodales previstos en la zona como el Corredor Interoceánico en Guatemala o el Corredor Transístmico. Esos corredores concentran flujos de mercancía por el medio de proyectos carreteros y ferroviarios, incluso de energía por medio de gasoductos o red eléctrica, y los flujos de migrantes, quienes constituyen una fuerza de trabajo barata y sobreexplotada para distintos proyectos industriales en de la región.
La importancia del control territorial de esos corredores explican el despliegue y las relaciones entre tres grupos de poder: las fuerzas de seguridad, la presencia del crimen organizado y de los capitalesinteresados en la zona.
El Corredor Transistmico corresponde a unas de las dos ZEE previstas en la zona (Istmo de Tehuantepec: de Coatzacalcos a Salina Cruz). La Ley Federal de Zonas Económicas Especiales promulgada en 2016 fue diseñada conjuntamente por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad de Harvard. Aparece como un estimulador para la inversión privada y el desarrollo de megaproyectos en la región (las empresas no pagarán impuestos y existen modalidades de expropiaciones de tierras con la justificación de la utilidad pública de las ZEE). Además intensificarán el control social y territorial en la zona. Existe un diagnóstico, por parte de la Secretaria de Gobernación (SEGOB), para trabajar en una estrategia preventiva para preservar la seguridad de las ZEE.
Megaproyectos como factores de migración forzada
En el MAPA 2 se aprecian varios megaproyectos que generan desplazamiento de la población en la región geoestratégica de la Franja Transversal del Norte (FTN) en Guatemala. Esta franja, también conocida como “Franja de los Generales” por el acaparamiento de tierras por altos mandos militares durante en los años 70 y 80, corresponde a un viejo plan de construcción de una carretera, que cruzaría la selva desde la ciudad de Modesto Méndez hasta la frontera con México, para permitir el desarrollo de proyectos extractivos (hidrocarburos, minería, agroindustria, hidroeléctricas) en esta zona aislada. Aunque todavía no se ha llevado a cabo la construcción de toda la carretera, muchos proyectos se han implementando y han generado numerosos casos de despojo y migración forzada.

Mapa 2
Se puede mencionar la contaminación del río La Pasión por la aceitera Reforestadora de Palmas del Petén (REPSA) que ha provocado la muerte de miles de peces, afectando la economía local y a más de 3000 familias. O también los proyectos hidroeléctricos de la zona de Huehuetenango como Barillas o San Mateo Ixtatán, donde las empresas contratan a militares de la ex Patrulla de Autodefensa Civil (PAC) para imponer sus proyectos. Además, está el caso de la Mina Marlín de la empresa canadiense GoldCorp que ha generado graves afectaciones a la salud en la población local como en la localidad de San Miguel Ixtahuacán. Así como los casos de despojo de tierras de valle del Polochic por el implemento de cultivos de palma africana y de caña de azúcar o de proyectos mineros.
Militarización y desalojos justificados en la conservación ambiental en el norte del Petén.
El caso de la comunidad de Laguna Larga en el Petén desalojada por 1,950 elementos del ejército y Policía Nacional Civil el 2 de junio de 2017 muestra también el conjunto de intereses de distintos capitales que están detrás de los procesos de desalojos y militarización en la región. Sobre este caso compartimos el texto de síntesis siguiente esricto por Voces Mesoaméricanas para el informe “De-Esperando en la Frontera: Informe de la situación de la comunidad Laguna Larga a seis meses de su desplazamiento forzado
La situación de la comunidad Laguna Larga, hace parte de una campaña continua de despojo, justificada en la “conservación”, contra más de 60 comunidades asentadas en los Parques Naturales Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón, y la Zona de Usos Múltiples del Triángulo de Candelaria, en Petén, Guatemala. Estas medidas conservacionistas desconocen los efectos de las políticas nacionales-militares de colonización desde 1954 que incentivaron la llegada de familias campesinas; así como negociaciones y reconocimientos legales de las comunidades por instancias como CONAP, tal como sucedió con Laguna Larga desde el 2006. Pero más importante, ignoran que son las propias comunidades, como moradoras de los bosques y selvas, quienes deben estar al centro de la preservación, resguardo y recuperación de las áreas naturales. Al mismo tiempo, esconden y protegen intereses económicos y políticos locales, nacionales y transnacionales que tienen poco de conservacionistas:
Conservación neoliberal: grandes ONG conservacionistas han impulsado iniciativas de protección que desconocen el contexto histórico y el arraigo de las comunidades, y tienen un enfoque de control y militarización (ver el Escudo de la Wildlife Conservation Society).
Petróleo: Desde hace varias décadas, en la zona núcleo del Parque Laguna del Tigre la trasnacional Perenco explota petróleo. Asimismo, la empresa canadiense Quattro Exploration and Production posee una concesión de exploración en una vasta zona que cubre Laguna Larga.
GuateCarbon: el megaproyecto de captura y venta de bonos de carbono se ha proyectado en toda la Zona de Usos Múltiples de las Reserva Maya. Las comunidades no fueron consultadas por ser declaradas como ilegales. Concesiones forestales industriales: Uno de los límites de la aldea de Laguna Larga es la Concesión Industrial Paxbán, propiedad de la empresa Gibor que tiene permiso de explotación forestal hasta el 2029.
Mega-turismo: Desde 2008, el expresidente Álvaro Colom impulsó un megaproyecto turístico para toda la Reserva. Una de las fases incluye el desalojo de las comunidades. Estas iniciativas son promovidas por fundaciones privadas como Fundesa y Pacunam.
Militarización y control regional: En 2010, el gobierno y Perenco crearon el Batallón Verde para fortalecer el control y persecución de las comunidades, mientras el crimen organizado se expande en la región. Presencia Militar de Estados Unidos: el 25 de abril de 2017 se anunció la instalación de una fuerza de Tarea del Comando Sur en el departamento del Petén. Su “objetivo” es luchar contra el narcotráfco, el terrorismo y controlar el fujo migratorio centroamericano.
Narcotráfco: el crimen organizado local y transfronterizo hace presencia en toda la zona, amenazando la vida e integridad de las familias campesinas, a pesar del despliegue militar en la zona.
Palma aceitera: Aunque los cultivos de palma aceitera –del lado guatemalteco- están muy alejados de Laguna Larga, su rápida expansión en el Petén (más de 150,000 has) suponen un riesgo de despojo para las comunidades del Parque Natural Sierra del Lacandón.

Mapa 3
Esos casos ilustran como el despliegue de megaproyectos (minería, energías renovables, hidrocarburos, agroindustria) provoca desplazamientos forzados de manera directa (despojo de tierras,) o indirectas (condiciones de reproducción social afectadas por contaminación, perdida de seguridad alimentaría, etc).
Además, el nivel de violencia existente en Guatemala y Honduras, principal causa de migración en la región, es derivado de las luchas por la apropiación de la ganancia por parte de distintos gobiernos, empresas y crimen organizado. Cualquier comunidad o individuo que se oponga al control territorial por parte de estos actores, se enfrenta la represión del gobierno, se convierten en víctimas de amenazas y asesinatos por parte de sicarios y grupos paramilitares que operan como brazos armados de los intereses gubernamentales y empresariales.

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