Yo sólo quería que amaneciera

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Presentación de informe sobre impactos psicosociales del Caso Ayotzinapa

“La primera vez que fui al corral (después de que desapareció mi hijo) me la pase llora y llora, porque sembramos una matita de chiles. Llegué y ahí está la matita llenita de chiles. También me pongo triste porque él se ponía a sembrar los palos y ahora esos palos ya están dando flores. Es lo que me pongo a pensar. ¿Porqué la vida es tan injusta con uno? ¿Por qué? Ya los palos ya están grandecitos, ya hasta van a dar mangos unos, y él nada, ni sabemos nada de él.”

Para las madres y padres de Ayotzinapa el tiempo se ha vuelto una experiencia paradójica. Se detuvo la noche del 26 de septiembre cuando fuerzas gubernamentales desaparecieron a sus hijos,  pero transcurre vertiginosamente sin  encontrarlos,  viendo que la vida pasa para ellos, sus plantas, sus familiares y sin saber qué ocurre con sus muchachos.

“Es el mismo tiempo pues, como si fuera el principio, no sabemos nada de ellos. Por eso no ha pasado para nosotros el tiempo. No importa el sufrimiento que llevamos. El gobierno nos ha tratado de callar, de hacer lo que ellos quieren, pero nosotros no nos vamos a ir hasta que sepamos.”

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A 41 meses de la desaparición forzada de sus hijos, los familiares de los estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos no pueden tener un duelo, ese proceso psíquico de elaboración de la pérdida que permite cerrar un ciclo, porque no saben si sus hijos están vivos o muertos. No saber nada de sus hijos impide delimitar la pérdida y el dolor y la angustia se repiten cada día con la misma intensidad que el primero.

Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del caso Ayotzinapa  es el informe donde  un equipo multidisciplinario de varias organizaciones de derechos humanos analiza ese efecto de duelo congelado y otros impactos que los ataques de las noches del 26 y 27 de septiembre del 2014 causaron tanto en los familiares de los desaparecidos, heridos y asesinados, como en los estudiantes sobrevivientes, quienes no se asumían como víctimas, hasta después de este informe. El título es tomado del testimonio de unos de los normalistas sobrevivientes.

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“Su  experiencia (de los estudiantes sobrevivientes)  fue la de seguir vivos en el lugar de alguien más, en el lugar de de un compañero.  Cómo veían a los familiares de los muchachos desaparecidos y pensaban  que ellos podían ser sus papás o sus mamás. Y cómo sentían  que a partir de los hechos, sus vidas tomaban otro sentido, el de buscar a sus compañeros. “ Señaló en la presentación del libro,  Ximena Antillón, coordinadora del informe,  quién añade que en dicho documento también se detecta como la violencia que viven las víctimas empezó antes de los hechos en Iguala  con la marginación  y pobreza y no terminó con ello sino que continuó a través de las actuaciones de  agentes del estado , la estigmatización de las victimas al señalarlas de tener vínculos con la delincuencia organizada, la falta de una búsqueda efectiva  y la versión oficial de los hechos sin sustento científico, refiriéndose a la llamada verdad histórica que el gobierno se ha encargado de difundir y que asegura que los 43 estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula.

La reiteración de esa “verdad histórica” es una forma de re victimizar a todas las personas afectadas de los ataques de Iguala. En el informe se hace un llamado a erradicar esas prácticas.

En la presentación, se denunció que el gobierno federal no tiene interés en encontrar la verdad de los hechos y por el contrario sólo quiere administrar políticamente las demandas de verdad y justicia de las madres y padres.  En la audiencia del 2 de marzo, ante la Comisión de Derechos Humanos del caso Ayotzinapa,  el gobierno se negó a adoptar el informe como base para la generación de planes de atención,  y en su caso, reparación para las víctimas, pese a que fue una recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que desde finales del 2014 fue asignado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar seguimiento al caso.

La elaboración de las 64 entrevistas que son parte del informe no fue fácil, sobre todo porque las víctimas han perdido la confianza a través del tiempo transcurrido y de las tantas promesas hechas por el gobierno. Uno de los temores expresados por los familiares es que este reporte diera pie para cerrar el caso con el ofrecimiento de reparación de daños. Y si bien, se han hecho intentos desde el principio, las organizaciones involucradas aseguran no fue ese el propósito.  Familiares denunciaron que a los pocos días de los hechos, vehículos con personal armado llegaba a sus casas ofreciéndoles dinero, pero además mostrando actitud intimidatoria. Antillón recuerda que una  de las madres preguntaba ¿Cómo supieron donde está mi casa? ¿Por qué en lugar de buscarme a mí, no buscan a mi hijo?. Aún así los padres y madres siguen con su búsqueda.

La presentación del informe que se llevó a cabo el 14 de marzo en el centro cultural Tlatelolco fue dedicado a la señora Minerva Bello, madre de Everardo Rodríguez Bello, quién murió el pasado febrero sin saber el paradero de su hijo.

 

El diagnóstico recupera las recomendaciones del GIEI en materia de atención a víctimas y plantea una serie de recomendaciones al  Estado con el objetivo de reconstruir la confianza de las víctimas, y criterios mínimos que configuren el marco de la atención a las victimas con respeto a su dignidad. Por esta razón, se plantean, entre otras, las siguientes medidas simbólicas:

  • El Estado debe reivindicar y dignificar a todas las victimas que fueron heridas, particularmente los casos de Aldo Gutiérrez Solano y Edgar Andrés Vargas, privadas de la vida, a los estudiantes normalistas sobrevivientes y a los estudiantes desaparecidos, por el daño producido por su criminalización y cuestionamientos sobre su presencia en Iguala durante los meses posteriores a los hechos.
  • El Estado mexicano debe reconocer públicamente, en voz de autoridades de alto nivel, la falta de sustento científico suficiente en la hipótesis oficial que establece como destino final de todos los estudiantes de Ayotzinapa el basurero de Cocula, y remover cualquier aseveración al respecto de los discursos y sitios digitales públicos del Estado mexicano.
  • Generar las condiciones para el avance de la búsqueda y la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, incluyendo garantías para la seguridad de los padres, madres y familiares de los estudiantes desaparecidos y sus representantes.

En el estudio se documentaron también casos de familiares de personas desaparecidas de otros grupos y colectivos por lo que la recomendación es que estas medidas trasciendan el caso Ayotzinapa y apunten hacia una verdadera política de Estado para abordar la desaparición forzada en México.

En la presentación a cargo de las organizaciones participantes en el informe: Fundar, Centro de Análisis e Investigación; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez;  el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Serapaz, se dijo el reporte estará disponible de manera digital en los próximos días en fundar.org.mx.

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